En estos últimos tiempos (de
crisis) son cada vez más las voces que se levantan para proclamar una clase
política responsable y que esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos.
Cierto es que quedan pocos
gobiernos que cumplan sus promesas electorales y cuya prioridad no sea la de
ganar las elecciones en lugar de tomar las medidas que requiere la sociedad,
como bien describió Weber en “La vocación del político”. Pero no menos
cierto es que si un gobierno decide tomar medidas impopulares, habrá que reconocer
y respetar su labor, al menos hasta
comprobar si consigue así sus objetivos. No se trata de si el fin justifica los
medios, sino de que, si no lo remediamos, no habrá ni siquiera final.
En cualquier caso, para conseguir
una democracia saludable necesitamos también de una ciudadanía activa y
escéptica, que no se conforme con las nuevas leyes que los gobiernos decreten,
sino que participen en la vida pública, bien sea a través de partidos
políticos, asociaciones o cualquier otro grupo de interés.
Como dice el sociólogo Benjamin
Barber en su obra “Un lugar para todos”, en nuestra sociedad se producen
una serie de paradojas según las cuales constatamos que los trabajadores no
tienen tiempo de participar en la vida pública y los parados no tienen ganas.
Cada vez se hace más patente que un requisito para ser ciudadano en nuestra
sociedad civil es tener trabajo.
Por tanto, un gobierno que quiera
mejorar la calidad democrática tendrá que recoger como primera prioridad el que
sus ciudadanos tengan un medio de vida digno, con un trabajo que les permita
desarrollarse. No deberá buscar aplicar medidas complementarias que en lugar de
solucionar los verdaderos problemas, intenten ocultar los efectos negativos que
de ellos se derivan.
La sociedad civil se fragmenta en
tres mediatrices que dividen el sector público del privado, los ciudadanos que
se permiten una vida “de clase media”, de los que están en condiciones de
pobreza extrema y los individuos pasivos de ciudadanos activos. La intersección
de estas tres variantes genera el punto que debería ser el inicio de actuación
del gobierno que decide atender verdaderamente los problemas de la ciudadanía.
Punto que conforma el centro de una circunferencia que engloba las tres
dimensiones deficitarias económica, política y social. El esfuerzo del gobierno
deber ser, pues, el de solucionar la raíz del problema que en el caso de
nuestro país es el paro. El esfuerzo del sector político representativo evidentemente
pasará por la práctica de la transparencia y la honestidad. Pero no podemos
sólo esperar que actúen por nosotros: el esfuerzo de la ciudadanía pasa por no
culpar desde la pasividad, sino involucrarse en la solución.
El problema social se convierte
en un problema económico (de hecho siempre lo ha sido), y la crisis económica
es a su vez una crisis ciudadana. La solución deberá estar encaminada a
resolver la crisis económica, social y política. La globalidad de la solución,
implica la inclusión, y si queremos de verdad resolverla debemos dejar a un
lado las críticas destructivas y pasar a la acción constructiva.
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