Una nueva ley educativa sin consenso

En palabras de la nueva ministra de educación, Isabel Celáa, que a los pocos días de educación y frente a tantos retos y adversidades no ha decidido otra cosa que plantear una nueva Ley Orgánica de Educación que afectará a todo el sistema educativo con los trastornos que suponen (nuevo currículum, nuevos libros de textos, adaptación del profesorado y consecuentemente del alumnado, desconcierto y parálisis del desarrollo de la ley actual LOMCE). 

La nueva ministra defiende que su misión es empezar a dialogar con todas las fuerzas políticas, desde las de derechas hasta las de más izquierda, para alcanzar un Pacto Educativo, que considera imprescindible para España, "porque en ningún otro país de Europa cambia radicalmente el sistema educativo cuando llega un Gobierno u otro. Eso sólo ocurre aquí".

Pero no explica que cada vez que llega el PSOE al gobierno quiere hacer una ley educativa. Que todas las leyes educativas LOGSE, LOE y ahora la nueva son leyes educativas que además de fracasar han sido promulgadas por el PSOE. Es decir que tras explicar que España es una vergüenza a nivel educativo por politizar la educación, defiende hacer una nueva ley educativa. 

La falta de coherencia es total. No sólo no han necesidad de una nueva Ley Orgánica, sino que la actual legislatura está a punto de terminar (se requieren al menos 2 años para redactarla y empezar a aplicarla) y el PSOE está con una minoría insuficiente para aprobar una nueva ley y buscar el apoyo de la oposición que está intentando aplicar la vigente ley aprobada en la anterior legislatura.

El PSOE no puede contar con el apoyo de los demás partidos cuando su único objetivo es derogar las leyes aprobadas con el anterior gobierno.

Algunos ministros de educación quieren perpetuarse aprobando una nueva ley que les recuerde. Pero qué recuerdo podemos tener los españoles de una ministra que no quiere mejorar las posibles insuficiencias de una ley educativa con Reales Decretos sino derogar una nueva ley con el esfuerzo social y económico que supone, sin ninguna necesidad más que la de odio al Partido Popular al que quiere derribar todos sus proyectos iniciados.

Los ciudadanos estamos hartos de los políticos que no construyen sino destruyen, que no buscar el diálogo sino la confrontación, que no buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino el reconocimiento y el personalismo, que no quieren contar con los demás partido, sino arrasar con aquello que defienden los otros y que demonizan a la oposición como el enemigo a combatir, como los equivocados que hay que destruir, como los adversarios que hay que despreciar, de tratar con desdén y obviando a la mayoría buscan un lugar para la memoria. Pero los ciudadanos queremos ejercer nuestro derecho al olvido.