La Conselleria de
Educación sigue avanzando en la tarea de legislar en algunos aspectos en los que
viene detectando anomalías en estos últimos años. Dos de las últimas últimas
normativas que han publicado, están referidas tanto a cuestiones relacionadas
con lo que solemos llamar línea en castellano/valenciano y la puntuación de la zona
de residencia.
En los dos casos se venía
detectando una disfunción ya que lo que se pretendía se estaba distorsionando porque
se estaba consintiendo y, sin muchas posibilidades de evitarlo, que la gente
utilizara estos criterios en beneficio propio. Así muchos ciudadanos se
empadronaban allá donde no vivían para elegir el centro que le interesaba o
bien exigían el requisito lingüístico con la única intención de conseguir para
sus hijos el centro deseado.
Aunque en su momento fue una
magnífica decisión establecer las diferentes líneas de PEV, PIL, PIP que daban
solución a las diferentes zonas lingüísticas de nuestra comunidad y con las que
se garantizaba la incorporación progresiva del valenciano, lo bien cierto es,
que algunos centros y muchos padres “jugaban” a ofrecer y solicitar aquello que
les pudiera interesar. A partir del próximo curso
escolar se pretende que desparezcan estas líneas lingüísticas y que todos los
centros garanticen la enseñanza del castellano, valenciano e inglés.
Ahora con el distrito único, se
quiere garantizar la libertad a la hora de elegir el centro. En el caso de
Gandia, independientemente del barrio en el que vivan. Como todas las normativas,
este cambio beneficiará a algunos y no tanto a otros. Hasta aquí todo el mundo
puede tener su opinión, y muy respetable.
Lo que, a mi entender, no es constructivo,
son las críticas que hacen mención a una preselección de los centros educativos
a la hora de rechazar “a los alumnos malos”. Todos sabemos (independientemente
del color político) que las direcciones de los centros educativos (y los
consejos escolares) son serias, competentes y objetivas en el proceso de
escolarización. De hecho en los últimos años, en muchos centros, como primera
opción no ha habido más de 30 solicitudes; ya que el mismo centro explicaba a
los padres que no era posible entrar sin una determinada puntuación (derivada
de tener hermanos en el centro, etc.). Es decir, que podemos seguir contando
con la misma seriedad con la que contábamos hasta ahora, en la que los centros continuarán
con su “buen hacer”, independientemente de que la baremación sea diferente. Por
tanto queda garantizado un proceso objetivo donde hasta ahora se ha contemplado
una reserva de plazas para alumnos que necesiten de alguna compensación
educativa, por poner un ejemplo.
Es el momento de poner todos de
nuestra parte para que la escolarización no se convierta en una lucha desleal y
desvirtuada, sino en un proceso de distribución equilibrada donde nadie hable
de alumnos malos y alumnos buenos, de centros malos y centros buenos. Ante la
voluntad de mejorar el sistema educativo por parte de la administración
educativa, algunos partidos políticos hacen un flaco favor a la educación
creando alarmismos y haciendo mención a alumnos, centros y barrios de primera y
de segunda.
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